TEGUCIGALPA -- Varias instituciones estatales y las carreteras fueron paralizadas el jueves en Honduras como resultado de una convocatoria de seguidores del presidente Manuel Zelaya que exigen la restitución de su líder derrocado.
"A nivel nacional las carreteras están bloqueadas el país está paralizado no hay circulación. Las instituciones del estado están paradas", afirmó Juan Barahona, uno de los dirigentes del Frente de Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
Indicó que hubo bloqueos carreteros en 11 puntos del país y además tomaron los edificios del Hospital del Seguro Social, del Instituto Nacional Agrario, del Instituto de Formación Profesional y del Instituto de Energía Eléctrica.
Los comercios y empresas del sector privado funcionaron con normalidad en la capital hondureña.
Las autoridades no registraron incidentes violentos a lo largo de la jornada.
En la carretera que sale de Tegucigalpa a San Pedro Sula en el norte, unos 2.000 manifestantes taparon el paso de camiones y tránsito en general desde la capital hacia ese centro manufacturero e industrial.
Los manifestantes quemaron neumáticos y corearon consignas contra el gobierno de facto y de apoyo a Zelaya mientras un contingente de militares y policías los vigilaba.
Una comisión internacional de observadores de derechos humanos denunció una serie de violaciones a las garantías fundamentales de la población desde el golpe que sacó del poder a Zelaya el 28 de junio.
La misión está integrada por observadores de entidades de derechos humanos como el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y entidades sindicales y de derechos humanos de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, El Salvador, España, Perú, Suecia y Uruguay.
La agrupación de activistas atribuyó seis muertes vinculadas al golpe de estado del 28 de junio, además informaron de una desaparición forzosa. La única muerte ocurrida durante una protesta ocurrió cuando el 5 de julio un manifestante fue abatido de un disparo en la cabeza cuando intentaba sortear la cerca que rodea el aeropuerto de Tegucigalpa en el cual Zelaya intentó aterrizar esa tarde.
También criticaron la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros, en particular de nicaragüenses. La misión constató que al menos 13 jóvenes nicaragüenses fueron detenidos "alegando infracciones al derecho de extranjería, siendo sujetos a malos tratos".
La misión dijo que el gobierno "justificó estas detenciones en la existencia de amenazas externas... hasta el momento no han provisto evidencia alguna".
Pidieron a la comunidad internacional continuar con las sanciones económicas al gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti y ampliarlas a sanciones personalizadas como el retiro de visas y congelamiento de cuentas.
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