Entre los abusos el grupo mencionó ejecuciones extrajudiciales durante el toque de queda nocturno, presiones a los medios y periodistas no afines al gobierno de facto de Roberto Micheletti y "la suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños".
La misión de 15 miembros está integrada por delegados de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Servicio Paz y Justicia, entre otras entidades.
"La misión (...) ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado", dijo Enrique Santiago, de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España.
"Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la misión se encuentra un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información", agregó Santiago, al presentar en rueda de prensa las conclusiones del grupo.
El comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Angel Custodio, ha apoyado con entusiasmo al gobierno de Micheletti y ha negado que se hayan violado los derechos humanos tras el golpe de Estado.
Micheletti también ha negado que su gobierno viole los derechos humanos.
La misión divulgó un informe de 14 páginas que menciona cuatro asesinatos por motivaciones aparentemente políticas y uno de naturaleza homofóbica. Estas muertes se suman a la de Isis Murillo, el joven muerto por soldados el 5 de julio en una manifestación cerca del aeropuerto de Toncontín.
Entre las víctimas el informe menciona a Vicky Hernández Castillo (Sonny Emelson Hernández Castillo, "miembro de la comunidad LGTB" (lésbica, gay transexual y bisexual), "muerto en San Pedro Sula por impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento durante el toque de queda".
También menciona la muerte de "una persona no identificada vestida con una camiseta de la denominada 'cuarta urna' (la consulta nacional promovida por el depuesto mandatario Manuel Zelaya)" en Tegucigalpa el 3 de julio.
Las otras víctimas son el periodista Gabriel Fino Noriega, el político izquierdista Ramón García y el sindicalista Roger Iván Bados.
"Hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado", dice el informe.
"Hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet", agrega.
La misión también está integrada por la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador y el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África de España, entre otras entidades.
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